El principal motivo del veto es en la condición del proyecto de ley de que la producción de monedas virtuales sea reconocida como una actividad industrial y cuenta con una tarifa eléctrica que no exceda en más del 15% a la tarifa industrial que propone la ANDE.
Sobre el punto, la ANDE considera que la actividad se caracteriza por su alto consumo de energía y escasa utilización de mano de obra, por lo que no ingresa en la categoría de industrias beneficiadas con esta tarifa.
El documento del veto también señala que esta diferenciación ofrece, de forma indirecta, un incentivo industrial a esta actividad que va en contra a la Ley 966/64, que establece los mecanismos para la determinación de tarifas diferenciadas.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su dictamen sobre el proyecto, señaló que las condiciones propuestas en la ley constituyen una competencia directa y discriminatoria hacia las actividades manufactureras.
Sobre el mismo punto, el Ministerio de Hacienda dictaminó que la generación de criptomonedas no genera mano de obra como el sector industrial, por lo que no debería ser sujeto de incentivos fiscales.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en el mes de julio. El veto del Ejecutivo será estudiado por ambas cámaras para su aprobación o rechazo.
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