El Tribunal previamente hizo lectura del relato de la ex fiscala Teresa Rojas, quien declaró que fue amenazada con ser destituida en el marco de la causa de la empresa Electrofácil, que tiene a Luis Saguier como principal acusado.
La ex agente pidió su jubilación por temor, tras la amenaza de los abogados Carmelo Caballero y Luis Almada, quienes tenían contacto con Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y a través de este con el ex titular del JEM Óscar González Daher.
Por una mayoría, el Tribunal condenó a los tres por tráfico de influencia. El juicio prosigue y aún no se tiene la condena o absolución por asociación criminal. También está pendiente que se dicte la pena a cada uno. El tribunal aún no dictaminó sobre lo que atañe a Jorge Oviedo Matto, también procesado..
Con dos votos a favor de Héctor Capurro y María Fernanda García y uno en contra, del presidente del Tribunal, Juan Carlos Zarate, se logró la condena.
Zárate defendió su punto, señalando que los audios filtrados carecían de validez por haber sido obtenidos de manera ilegal, y que toda prueba o nexo procedentemente carece de valor probatorio.
Los fiscales de la causa, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster, procesaron a Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero por asociación criminal y tráfico de influencia, mientras que Oviedo Matto fue imputado solo por tráfico de influencia, en el marco de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
A inicios del juicio oral, los abogados presentaron distintos pedidos, uno de ellos excluir como testigo a la periodista Mabel Rehnfeldt, también señalaron que los audios filtrados eran ilegales, por lo que todo el proceso también lo era.
La Fiscalía solicitó siete años para el ex senador Óscar González Daher por tráfico de influencia y asociación criminal, además de una inhabilitación de siete años para ejercer funciones públicas.
El Ministerio Público pidió para Lippmann seis años y seis meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años y seis meses.
Para el abogado Carmelo Caballero, la pena referida fue de cuatro años y seis meses de cárcel, como también una prohibición para ejercer la abogacía por cuatro años y seis meses por los hechos de tráfico de influencia y asociación criminal.
Los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García llevan adelante el juicio oral y público, que se realizó luego de dos suspensiones por el Covid-19.
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