Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela volvió a poner en foco la brutalidad del régimen venezolano. Es que la pandemia mundial, las consecuencias económicas y algunos cambios de color político en la región había quitado del centro de debate lo ya conocido. Ahora, la ONU golpea la puerta de los distraídos con dureza. Su informe es inocultable.
En las 21 páginas, se señala al dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. El informe ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos:
-Fuertes golpizas
-Asfixia con sustancias tóxicas y agua
-Posiciones de estrés
-Reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras
-Violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación
-Cortes y mutilaciones
-Descargas eléctricas
-Uso de drogas para inducir a la confesión
-Tortura psicológica.
“Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas”, explica la misión de la ONU. Los horrores del régimen de Maduro, agregan, también provocaron traumas psicológicos graves y depresión. “El ex-capitán Rafael Acosta Arévalo murió bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La Misión tiene motivos razonables para para creer que su muerte fue resultado de tortura”, escriben en el informe.
En tres casos investigados por la Misión, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos. “Los funcionarios/as de ambos sexos de la DGCIM sometieron a las personas a desnudez forzada, a veces durante días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con objetos punzantes, principalmente palos y bates, y en un caso violaron a un detenido. Se administraban descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos”, detalla.
«Los servicios de inteligencia del Estado han desempeñado un papel integral en los patrones de las violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron los blancos de la represión, realizaron arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a las personas detenidas. Las personas fueron detenidas principalmente en las sedes de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario.
La Misión investigó también 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Las personas arrestadas fueron llevadas a la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o al edificio del SEBIN El Helicoide, ambos en Caracas. Una vez allí, los funcionarios interrogaron a las personas detenidas sin la presencia de un abogado. “La Misión tiene motivos razonables para creer que algunos opositores políticos y personas asociadas a ellos fueron objeto de desaparición forzada de corta duración durante el período examinado. La Misión documentó casos en los que funcionarios del SEBIN y tras autoridades negaron tener a la persona detenida o dijeron a familiares y abogados/as que intentaban localizar a las personas detenidas que no tenían información. El paradero de las personas detenidas permaneció desconocido durante períodos que iban desde unos pocos días (en la mayoría de los casos) hasta varias semanas”, denuncia el informe.
La investigación, detalla que ese período de desaparición forzada se utilizaba para torturar a los detenidos. “Las torturas y los malos tratos generalmente se llevaban a cabo durante los primeros días de la detención, antes de la comparecencia inicial ante el tribunal, mientras que las personas detenidas permanecían incomunicadas. Muchos ex detenidos también fueron testigos de la tortura de otros detenidos no políticos en las instalaciones del SEBIN”.
Y detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos. “En el caso del diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, funcionariosdel SEBIN al parecer administraron drogas psicotrópicas para inducir una confesión”, afirma.
Tras la difusión del informe, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a los que aún reconocen a MAduro como autoridad venezolana. “El Informe de la ONU pone a Maduro a nivel de los crímenes atroces cometidos por Gaddafi. A nadie le puede quedar duda en este momento de que en Venezuela hay un régimen criminal”, sentenció.
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